El niño de 8 años con autismo de Palencia pide al Tribunal Constitucional que le devuelvan su derecho a estudiar en inclusión

APARTHEID EDUCATIVO A LA DISCAPACIDAD
DIARIO PROGRESISTA

		Según publica la Asociación SOCOLM, Azucena y José Alberto,  padres de un niño de 8 años con diversidad funcional,  fueron imputados en diciembre de 2011 por un supuesto delito  de abandono familiar por un Juez de Palencia.  Daniel, el niño, sigue en casa a causa de una decisión administrativa  que vulnera e ignora un tratado de derechos humanos,  así como el derecho constitucional de Daniel a ser igual ante la ley. La Administración Educativa se ha negado a proporcionar los apoyos necesarios  en el aula para que el niño disfrute de su derecho a una educación inclusiva,  en su colegio ordinario, y en igualdad al resto de niños. El caso saltó a la prensa nacional en enero del año pasado. El Derecho a la Educación Inclusiva está reconocido  en el artículo 24 de la Convención de la ONU  sobre los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad,  así como en los artículos 10, 14, 15, 24 y 27 de la Constitución Española. Azucena y Alberto, los padres de Daniel, llevan más de cuatro años  luchando por la integración de su hijo, y finalmente  rehusaron condenar a su hijo a la segregación en un centro  de educación “especial” al que fue derivado de manera obligatoria  por la Delegación de Educación de Palencia;  y ahora se encuentran imputados por un supuesto delito  de abandono familiar y Daniel sigue sin poder disfrutar  de su derecho fundamental a la educación en igualdad. Han pasado cuatro largos años de lucha y en la última sentencia judicial  del pasado 11 de noviembre, se le sigue negando a Daniel  su Derecho Humano a asistir a un colegio ordinario  y a los padres se les sigue negando el derecho constitucional  a decidir la educación que quieren dar a su hijo. Los padres del niño han decidido presentar un recurso de amparo  ante el Tribunal Constitucional en el que estarán apoyados y  respaldados por SOLCOM(PARA LA SOLIDARIDAD COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL) agotando todas las vías judiciales existentes en este país,  antes de recurrir, si fuese necesario, al Comité de la ONU.  El recurso fue presentado al Constitucional por el abogado de León,  Juan Rodríguez Zapatero.